En la recientemente publicada Memoria Anual 2014 de la Fiscalía General de Estado, el Fiscal especialista de Seguridad Vial remarca el repunte de la siniestralidad en relación con los datos de los últimos años en continuo descenso, y que han colocado a nuestro país en el sexto lugar de la UE (41 en la tasa de muertos por millón de habitante). Asimismo, la Fiscalía apunta que sea cual fuere el resultado final de la accidentalidad de este año, es el momento de una reflexión de fondo:
“La reducción de la seguridad vial como valor y concepto global definidor de estrategias y respuestas a la mera cuantificación, mensual o anual de resultados en muertos, heridos graves y leves es profundamente desacertada. En primer lugar porque se produce una asimilación inconsciente a los balances y éxitos o fracasos empresariales, incompatibles con la visión cultural y humanista de la seguridad vial y de las víctimas de accidentes de tráfico, convertidas en meros números destinados a legitimarlos o censurarlos. De otra parte porque es preciso un enfoque científico y no meramente enumerativo o descriptivo de los datos estadísticos si realmente queremos aproximarnos a las causas y circunstancias reales de la accidentalidad vial”.1
Recordemos que detrás de cada vida perdida en la carretera, hay un responsable, la mayoría de veces no único, sino general y social. Por esa razón, muchas voces se están alzando a favor de un cambio que empieza en el lenguaje: no hay ”accidentes de tráfico” sino “siniestros viales”.
Si bien, como ya comentó el propio Fiscal de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, en la entrevista concedida a General ASDE, el Ministerio Fiscal confía en la aplicación de la ley penal en busca de la reducción de la siniestralidad, también es consciente de que la eficacia de este instrumento no es la única ni la más trascendente: “la educación vial en los colegios, la formación permanente de los conductores, la mejora de un parque de vehículos muy envejecido y la de las vías públicas y su señalización asimismo empeoradas por falta de mantenimiento en la crisis que padecemos, son herramientas que urge comenzar seriamente a utilizar”.
En la ya mencionada Memoria Anual, aparecen cifras relacionadas con los denominados “delitos contra la seguridad vial”, tales como que el 53% de los juicios rápidos del año pasado lo fueron contra dichas infracciones, y que desembocaron en un total de cerca de 84.000 sentencias condenatorias a conductores. 2
El resultado de dichas sentencias fue la imposición de 1.795 penas de prisión, 45.252 condenas a trabajos en beneficio de la comunidad, 36.335 multas por encima de los 1.000 euros y la retirada del permiso de conducir a 58.637 conductores. Relacionado con los delitos de mayor gravedad, aquellos que provocaron muertes o heridos por imprudencia o pura temeridad, y con los datos sin cerrar, 98 personas entraron en prisión para cumplir sus penas.
Conocidos estos escalofriantes datos, nos preguntamos: ¿cómo se gestionan las penas pequeñas, tan abundantes y que son de gran importancia a la hora de la concienciación de la sociedad?
En el año 1995 se incluyeron los trabajos en beneficio de la comunidad como una pena privativa de derechos, creando así una medida alternativa al ingreso en prisión, útil y provechosa para la sociedad, a la vez que reeducativa para el penado.
Estas penas consistían en una serie de actividades de utilidad pública que podrían estar orientadas a la reparación de los daños causados o al apoyo a las víctimas. Lo que era una excelente solución, más de una década después se convirtió en un problema: el 80 % de las condenas por delitos de tráfico en 2008 estaban pendientes de ejecución, dado que no había suficientes instituciones con los que la Administración firmaba convenios para abastecer la ‘demanda’ de los condenados.
Es el año 2009, en este contexto, cuando se establece una nueva forma de ejecución de la pena de este tipo de trabajos: la posibilidad del cumplimiento de la pena a través de la realización de talleres formativos en materia de seguridad vial. Estos estarían orientados a la prevención, de manera que el propio infractor, con la interiorización de nuevas pautas de conducta vial, pueda contribuir en la prevención de nuevos delitos viales.
Para ello se diseña el Taller de Actividades para el cumplimiento de Trabajos en Beneficio de la Comunidad o lo que es lo mismo,Talleres de Sensibilización en Seguridad Vial (TASEVAL). Creados por la DGT, el Instituto INTRAS de la Universitat de València y la propia Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, el objetivo es promover el cambio actitudinal y comportamental, así como una mayor concienciación sobre la importancia del cumplimiento de la normas de tráfico para reducir la tasa de reincidencia de estos condenados por delitos contra la seguridad vial.
El TASEVAL pueden realizarlo los condenados a entre 20 y 40 jornadas de trabajo en beneficio de la comunidad, lo que representa el 70% de las penas. Por otro lado, las personas con condenas superiores o que sumen varias condenas no pueden acceder a este taller de reeducación vial.
1 Fuente: Memoria Anual 2014 de la Fiscalía General del Estado.
2 Fuente: Memoria Anual 2014 de la Fiscalía General del Estado; Feu Vert en Marcha.
